Más de 200 millones de euros en riesgo: La liquidación de Hermanos Santana Cazorla SL

En el proceso concursal de la compañía Hermanos Santana Cazorla SL, que actualmente se encuentra en la etapa de liquidación, se presenta un total de catorce acreedores. https://www.canarias7.es/economia/deuda-santana-cazorla-filial-mar-abierto-ronda-20240605230243-nt.html Este grupo abarca una variedad de entidades, incluidas varias administraciones públicas, bancos, empresas del sector turístico y de servicios, así como otras organizaciones pertenecientes a diferentes industrias, además de algunos particulares. Según información relacionada con los procedimientos judiciales, la cifra total de la deuda reconocida asciende a poco más de 200 millones de euros. A esta deuda hay que sumar un mínimo de 80 millones de euros correspondientes al concurso de Mar Abierto, que es la sociedad responsable de la gestión de los hoteles del grupo Santana Cazorla en la localidad de Taurito.

Tal como se divulgó en previsión por este medio, el pasado 31 de mayo, el Juzgado de lo Mercantil número 1, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, tomó la decisión de abrir la fase de liquidación del proceso concursal y decretar la disolución de la empresa. Esta acción se llevó a cabo porque no se presentó ningún convenio de acreedores dentro del plazo establecido. La lista de acreedores incluye a diversas entidades como la empresa Isla Marina, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Banco Sabadell, la Mancomunidad Residencial Pino II, así como personas físicas como María de los Ángeles García, y varias otras instituciones como Asefa SA Seguros y Reaseguros, Caixabank, Residencias Canarias, Voyager UK, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y particulares como María del Carmen Goñi y Pablo Rafael Borras. También se incluyen la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias en dicha lista.

El juez Alberto López ha resuelto, conforme a la normativa concursal vigente, suspender a Hermanos Santana Cazorla SL en el ejercicio de sus facultades administrativas y en la disposición de los bienes y derechos que conforman la masa activa de la empresa. Además, el juez ha ordenado la disolución de la entidad y el cese de sus administradores o liquidadores, quienes serán reemplazados por la administración concursal. Esto incluye el vencimiento anticipado de cualquier crédito que se hubiera otorgado de manera aplazada, así como la conversión en efectivo de aquellas deudas que consiste en otras formas de prestación. Asimismo, se dispone de la obligación de publicar la resolución judicial en el Registro Concursal Público y en el Tablón Edictal Judicial Único, además de inscribir en el Registro Mercantil la apertura de la fase de liquidación.

Cabe mencionar que todos estos procedimientos están sujetos a la posibilidad de que la empresa interponga un recurso de reposición, aunque este recurso no tendrá efectos suspensivos. También existe la posibilidad de interponer un recurso de apelación.